SEMANA TRAGICA

España inicia el año 1909 con Alfonso XIII como monarca y con Antonio Maura, del Partido Conservador, al frente del gobierno surgido de las elecciones celebradas el 21 de abril de 1907.

Políticamente, España, que no se ha recuperado del varapalo moral que supuso la pérdida, en 1898, de Cuba y Filipinas, sus últimas colonias de ultramar; vive inmersa en un sistema de alternancia de dos partidos políticos: el Partido Conservador y el Partido Liberal, que obtienen el gobierno por medio de unas elecciones totalmente controladas por medio del caciquismo, sistema electoral en el que de antemano se conoce que el partido vencedor de las elecciones será el que hasta ese momento era el partido opositor al gobernante.

En Cataluña el resultado de los partidos contendientes en las elecciones eran Solidaridad Catalana, liderada por Francesc Cambó, y la Unión Republicana de Alejandro Lerroux. El partido vencedor de las elecciones de 1907 resultó ser la burguesa y nacionalista Solidaridad Catalana que obtuvo 41 diputados de los 44 posibles.

Socialmente, los obreros españoles comienzan a tomar conciencia sindical y empieza a surgir el movimiento obrero en las zonas industriales y especialmente en Barcelona donde surge Solidaridad Obrera, una confederación sindical de socialistas, anarquistas y republicanos que nació como rechazo al acercamiento de Solidaridad Catalana al Partido Conservador de Maura.
Tras la pérdida de Cuba y las Filipinas, España buscó una mayor presencia en el norte de África, logrando en el reparto colonial efectuado en 1904 y en la Conferencia Internacional de Algeciras de 1906, el control sobre la zona norte de Marruecos.

El 9 de julio de 1909 los obreros españoles que trabajaban en la construcción de un ferrocarril que uniría Melilla con las minas de Beni-Buifur, propiedad de una sociedad controlada por el conde de Romanones y el marqués de Comillas, son atacados por los cabileños de la zona.

Este pequeño incidente, que constituirá el inicio de la Guerra de Marruecos que se extenderá hasta 1927, será utilizado por el Gobierno Maura para iniciar un proyecto colonialista en contra de la opinión popular española imbuida en un sentimiento pacifista y antimilitarista.

Se ordena la movilización de los reservistas, medida muy mal acogida por las clases populares debido a la legislación de reclutamiento vigente que permitía quedar exento de la incorporación a filas mediante el pago de una canon de 6.000 reales, cantidad que no estaba al alcance del pueblo (el sustento diario de un trabajador ascendía en la época aproximadamente a 10 reales). Además la mayor parte de los reservistas eran padres de familia en las que la única fuente de ingresos era el trabajo de éstos.

El domingo 18 de julio, fecha del primer embarque previsto en el puerto de Barcelona, varias aristócratas barcelonesas intentan entregar a los soldados escapularios, medallas y tabaco lo que provocó tumultos populares que se agravaron cuando llegan noticias de Marruecos sobre las numerosas bajas que se han producido en la zona de conflicto.

En Madrid se acuerda una huelga general para el 2 de agosto, pero en Barcelona, Solidaritat Obrera decide actuar por sorpresa y fija un paro de 24 horas para el lunes 26 de julio el cual degenerará en la Semana Trágica.

El gobernador civil de Barcelona, Ángel Ossorio y Gallardo, dimitió de su cargo por oponerse a la declaración del estado de guerra en la ciudad, siendo sustituido por el abogado valenciano Evaristo Crespo Azorín.

La huelga general es seguida mayoritariamente en Barcelona, Sabadell, Tarrasa, Badalona, Mataró, Granollers y Sitges, creándose un comité de huelga para la coordinación y dirección de la misma.

Las autoridades ordenaron la salida del ejército a la calle que fue acogido por la población con gritos de ¡Viva el Ejército! y ¡Abajo la guerra!, y salvo incidentes muy esporádicos resultó una jornada pacífica.

La llegada de noticias de Marruecos sobre el Desastre del Barranco del Lobo, donde perecieron 1.200 reservistas en su mayor parte del contingente que salió de Barcelona el día 18 de julio, provocó el inicio de la auténtica insurrección con el levantamiento de barricadas en las calles.

La inicial protesta antibélica se trasforma en protesta anticlerical con el incendio de iglesias, conventos y escuelas religiosas; la profanación de sepulturas y vejación de cadáveres.[1]

Se proclama el “estado de guerra” en la ciudad y la proclamación de la ley marcial cruzándose los primeros disparos, en la zona de Las Ramblas, con el ejército que abandona la actitud pasiva mantenida hasta entonces y hace que se enconen aún más los ánimos.

Este giro anticlerical de los amotinados, trae su causa en varios motivos muy arraigados en el proletariado urbano al ser la Iglesia, a diferencia de los gobernantes o de los empresarios, la institución que estaba más en contacto con el pueblo lo que daba lugar a fricciones continuas. Es el caso, por ejemplo, de la educación que era impartida en escuelas controladas por la Iglesia y donde se inculcaba a los hijos de los obreros unos valores contrarios a la causa obrera; o el de los hospitales e instituciones de beneficencia, regentadas por religiosos; o porque la Iglesia había impulsado a los denominados sindicatos amarillos opuestos al sindicalismo anarquista, mayoritario en la ciudad.

Barcelona amanece con numerosas columnas de humo procedentes de los edificios religiosos asaltados e incendiados.

El comité de huelga se muestra incapaz de controlar a los obreros y la insurrección se desborda alcanzando esta su clímax ya que la ciudad no dispone de tropas con que hacer frente a los amotinados al negarse la guarnición y las fuerzas de seguridad a combatir a los huelguistas a quienes consideran sus compañeros.

La falta de una dirección efectiva hace que el motín popular inicie su declive. La única esperanza de los sublevados es que la situación se extienda al resto de la Península, lo cual no se produjo al actuar el Gobierno aislando Barcelona y difundiendo la noticia de que los sucesos de la ciudad tenían carácter separatista.

Este mismo día llegan a Barcelona tropas de refuerzo procedentes de Valencia, Zaragoza, Pamplona y Burgos que finalmente dominan entre el viernes, 30 de julio, y el sábado, 31 de julio, los últimos focos de la insurrección.

El balance de los disturbios supone un total de 78 muertos (75 civiles y 3 militares); medio millar de heridos y 112 edificios incendiados (80 religiosos).

El gobierno Maura, por medio de su ministro de la Gobernación Juan de la Cierva y Peñafiel inicia de inmediato, el 31 de julio, una represión durísima y arbitraria.

Se detiene a varios millares de personas, de las que 2000 fueron procesadas resultando 175 penas de destierro, 59 cadenas perpetuas y 5 condenas a muerte. Además se clausuraron los sindicatos y se ordenó el cierre de las escuelas laicas.

Los cinco reos de muerte fueron ejecutados, el 13 de octubre, en el castillo de Montjuic. Entre ellos se encontraba Francisco Ferrer Guardia, cofundador de la Escuela Moderna, a quien se acusa de ser el instigador de la revuelta basándose únicamente en una acusación formulada en una carta remitida por los prelados de Barcelona.

Estos fusilamientos ocasionan una amplia repulsa hacia Maura en España y en toda Europa, organizándose una gran campaña en la prensa extranjera así como manifestaciones y asaltos a diversas embajadas.

El rey, alarmado por estas reacciones tanto en el exterior como en el interior cesa a Maura y le sustituye por el liberal Segismundo Moret.